TS 11-9-25, EDJ 690452


El derecho de acceso a la información pública, especialmente relevante en contextos de decisiones administrativas automatizadas que afectan a derechos sociales, prevalece sobre los límites derivados de la propiedad intelectual y de la seguridad pública, que deben interpretarse de forma restrictiva y ponderada según las circunstancias del caso. El acceso al código fuente de una aplicación informática puede resultar esencial para garantizar la transparencia y el control democrático de la actuación administrativa.

¿Se puede tener acceso al código fuente de algoritmos públicos?

Una fundación solicitó el acceso al código fuente de la aplicación informática BOSCO, utilizada por la Administración para determinar de forma automatizada quiénes pueden beneficiarse del bono social eléctrico. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) estimó parcialmente la solicitud, permitiendo el acceso a las especificaciones técnicas y a los resultados de las pruebas realizadas, pero denegando el acceso al código fuente.

La fundación recurrió dicha decisión alegando que el acceso al código fuente era imprescindible para verificar la legalidad y el correcto funcionamiento del sistema, dado que este adopta decisiones automatizadas que inciden directamente en el reconocimiento de un derecho social. Sostuvo que la negativa vulneraba el derecho de acceso a la información pública y que el límite relativo a la propiedad intelectual debía interpretarse de manera restrictiva, atendiendo a la especial relevancia pública de la aplicación BOSCO.

Las instancias judiciales previas al Tribunal Supremo confirmaron la denegación, al considerar que el código fuente estaba protegido por derechos de propiedad intelectual titularidad de la Administración y que su divulgación podría generar riesgos para la seguridad pública y la protección de datos sensibles.

El Tribunal Supremo, al resolver el recurso, analiza el marco normativo de la transparencia y el acceso a la información pública, subrayando que este derecho constituye un elemento esencial del control democrático de la actuación administrativa. Destaca, en particular, su importancia cuando la Administración adopta decisiones mediante sistemas automatizados que afectan a derechos subjetivos, como ocurre con la concesión del bono social eléctrico.

La sentencia pone el acento en la necesidad de reforzar la denominada transparencia algorítmica, señalando que cuando las decisiones administrativas se delegan en aplicaciones informáticas o algoritmos, el acceso a su funcionamiento interno puede resultar imprescindible para garantizar la legalidad, la igualdad y la ausencia de arbitrariedad.

Asimismo, el Tribunal Supremo recuerda que los límites al derecho de acceso a la información pública —como los basados en la propiedad intelectual o en la seguridad pública— deben aplicarse de forma restrictiva, previa una ponderación concreta de los intereses en conflicto, y no mediante invocaciones genéricas o abstractas.

En el caso analizado, el Tribunal concluye que ni la protección de la propiedad intelectual ni la alegación genérica de riesgos para la seguridad pública justifican una denegación total del acceso al código fuente. La elevada relevancia pública de la aplicación BOSCO y su impacto potencial en derechos sociales hacen necesario permitir dicho acceso, sin perjuicio de que la Administración pueda imponer cautelas específicas, como compromisos de confidencialidad o limitaciones de uso, para minimizar riesgos.