La AN declara que el coste del MEI no puede trasladarse a los beneficiarios de un convenio especial establecido por un acuerdo de bajas incentivadas con el que finaliza un ERE. La finalidad del MEI – lograr la sostenibilidad del sistema de pensiones- impide trasladar su coste a los trabajadores, a pesar que el acuerdo de bajas incentivadas haya establecido que las futuras modificaciones legales han de trasladar el coste a los trabajadores.

Interpretación de acuerdo de bajas incentivadas

Tras la puesta en marcha de un ERE, la empresa pacta con la RLT un sistema de bajas incentivadas en el que se establece la suscripción de convenios especiales en favor de los trabajadores hasta alcanzar la edad de jubilación y cuyo coste abonará la empresa. En algunos casos ocupándose de su abono a la Seguridad Social, y en otros abonando al trabajador el coste estimado del convenio especial para que este abone directamente el convenio a la Seguridad Social.

El pacto incluye cuadro macroeconómico y una cláusula de cierre que establece que el comportamiento posterior de los parámetros incluidos en el cuadro macroeconómico y las posibles modificaciones legislativas, no darán lugar a regularización de cantidad alguna, ni a favor de la empresa ni a favor de los trabajadores. Tras la puesta en marcha del MEI -aplicable desde el 1-1-2023- que supone un incremento de las cotizaciones sociales, la empresa interpreta que no ha de asumir el coste que supone.

Disconforme con esta decisión, la representación de los trabajadores plantea demanda de conflicto colectivo ante la sala de lo social de la AN.

La cuestión que se discute consiste en determinar quién debe asumir el coste del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI); y en definitiva interpretar que debe entenderse por “posibles modificaciones legislativas » incluidas en la cláusula de cierre del ERE.

La AN recuerda que el MEI fue introducido por la L 21/2021 y, posteriormente, concretado por el RDL 3/2023. Su finalidad es el sostenimiento del sistema público de pensiones. Se trata de una cotización finalista que nutre el fondo de reserva de la Seguridad Social y que consiste en un porcentaje sobre las cotizaciones, distribuido entre empresario y trabajador.

Partiendo de la primacía de la norma legal sobre el pacto colectivo (TS 31-5-15, rec 159/2014), la AN entiende que la creación legislativa del MEI no altera los términos del pacto, ya que no supone la existencia de una regularización de cantidad alguna a favor de la Empresa o de los trabajadores: La cotización adicional se establece a favor del sistema que pretende salvaguardar, en ningún caso a favor del trabajador.

Añade la AN que esto no implica que el pacto alcanzado en un ERE pueda ser alterado por cualquier modificación legislativa o acuerdo posterior; son las especiales características del MEI las que hacen que esto sea posible. Por todo ello, la AN concluye que no asumir la empresa el porcentaje cuyo pago se le atribuye de forma imperativa, dejaría sin efectivo cumplimiento la obligación impuesta y en su caso, trasladando a los beneficiarios del convenio el coste del MEI, lo que supondría obviar las previsiones legales y el principio de jerarquía normativa y sus efectos.

Por todo ello, se estima la demanda y se condena a la empresa a asumir el abono de la cotización adicional consecuencia de la aplicación del MEI.

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Fuente: Lefebvre