El TS, sala de lo civil, declara que es correcto interpretar que la cláusula de renuncia de acciones incluida en un acuerdo de conciliación por la que se pone fin a una relación laboral y en la que se pacta una indemnización, se refiere únicamente a las acciones derivadas del despido y relacionadas con la relación laboral. Por tanto, entiende que nada impide que el trabajador demande por vulneración de los derechos al honor y a la protección de datos a quien, en aquel momento, era un tercero ajeno a la relación laboral,

Vulneración del derecho al honor y a la protección de datos

El demandante prestó servicios profesionales en Banco Santander del 13-11-1990 al 2-11-2005, fecha en la que dimitió de su puesto de director de sucursal. Posteriormente, fue contratado por Banco Pastor, que posteriormente fue absorbido por Banco Popular y después por el Banco Santander. En los momentos inmediatamente anteriores de la absorción, cuando el trabajador era director regional del banco, fue convocado a una reunión en el que se le comunica que va a ser despedido por indicación del banco absorbente a causa de los hechos acontecidos durante la etapa en la que trabajó en el citado banco. Estos hechos consistían en determinadas irregularidades en la venta/contratación de productos derivados con algunos clientes.

En marzo de 2018, se produce su despido y en conciliación acuerda la declaración de improcedencia del despido pactando con el Banco Popular una indemnización de 720.000 euros brutos. En el acuerdo de conciliación, el trabajador manifiesta no tener cantidad alguna que reclamar, sea cual sea su origen o denominación. Asimismo, declara que desiste y renuncia de cualquier queja o denuncia que hubiese podido entablar, en el pasado, presente o futuro como consecuencia del vínculo profesional mantenido, ni contra Banco Popular ni contra cualquiera de las sociedades que directa o indirectamente, formen parte del Grupo Santander.

El trabajador considera que el Banco Santander ha mantenido un fichero automatizado en el que se encuentran almacenados sus datos personales no bloqueados y ha cedido de manera ilícita los datos en él contenidos a Banco Popular, con la finalidad y consecuencia de dañar la reputación y truncar la carrera profesional del actor.

Por tanto, interpone demandada civil contra el Banco Santander solicitando que se declaren vulnerados sus derechos al honor y a la protección de datos. Solicita, además de la cancelación de cualquier dato personal, una indemnización de 600.000 euros y su publicación en un periódico de tirada nacional. Tanto en la primera instancia como en apelación se reconoce vulnerado su derecho condenando al abono de una indemnización de 50.000 euros, comunicando el fallo de la sentencia a del correo interno de sus empleados. La entidad bancaria interpone ante el TS recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante el TS..

La entidad bancaria argumenta que el acuerdo adoptado en conciliación abarcaba tanto lo relativo al despido como a la supuesta vulneración de derechos fundamentales que conllevó su despido y que esa fue la voluntad de las partes. Considera que si las partes pusieron fin a la reclamación de despido a través de la transacción y el despido estuvo motivado por la cesión de datos personales del demandante es evidente que la cesión de datos estaba incluida en el acuerdo entre las partes.

Para resolver el recurso el TS civil recuerda que su jurisprudencia sobre la interpretación de los contratos establece que esta es función de los tribunales de instancia, por lo que la realizada por estos ha de prevalecer y no puede ser revisada en casación en la medida en que se ajuste a los hechos considerados probados por aquella en el ejercicio de su función exclusiva de valoración de la prueba. Además, señala que cuando se trata de una transacción, esta únicamente los objetos expresados determinadamente en ella, o que, por una inducción necesaria de sus palabras, deban reputarse comprendidos en ella.

El TS entiende que es adecuado interpretar que el acuerdo alcanzado entre el demandante y Banco Popular en la jurisdicción social se ciñó a la disputa sobre el despido, pero que no alcanzó a las acciones que pudiera tener frente a quien, en aquel entonces, era un tercero (Banco Santander,  como consecuencia de la vulneración de derechos fundamentales que hubiera podido causar el tratamiento durante unos 12 años, y su posterior cesión a la entidad para la que prestaba servicios de sus datos personales, que lo asociaban al perfil de un empleado con riesgo reputacional por la comisión de irregularidades en su desempeño 12 años antes. Señala que el acuerdo fue celebrado en un procedimiento de despido y que la indemnización por tuvo como contrapartida la renuncia al ejercicio de cualquier acción, reclamación o queja a consecuencia del vínculo profesional, siendo las partes de relación laboral el trabajador y Banco Popular, pero no el Banco Santander que era un tercero ajeno a la misma. Considera que la inclusión de la cláusula que extendía la

En consecuencia, se desestima el recurso extraordinario por infracción procesal u el recurso de casación planteado confirmando la sentencia dictada en la instancia.

 

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Fuente: Lefebvre