La pandemia de COVID–19 está generando un fuerte impacto económico y social que, entre otros ámbitos, está afectando a los ingresos de muchos ciudadanos que, en calidad de arrendatarios, vienen ocupando sus viviendas habituales con los que hacían frente al pago de sus alquileres. Este impacto afectará también a determinados colectivos especialmente vulnerables para los que se hace necesaria la readaptación y ajuste del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

En este sentido, mediante la Orden Ministerial TMA/336/2020, publicada el pasado 11 de abril en el Boletín Oficial del Estado, se establece un nuevo programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual.

Ayudas para los arrendatarios en situación en vulnerabilidad debida a la crisis sanitaria

Con efectos desde el 11 de abril, de acuerdo con lo establecido en el RDL 11/2020 art.10 a 12, se modifica el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 a fin de atender la situación de vulnerabilidad social y económica provocada a los arrendatarios por la crisis sanitaria de la COVID-19, como complemento a las ayudas en forma de préstamos gratuitos.

Las medidas que ahora se adoptan son las siguientes:

1. Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual (RDL 11/2020 art.10; OM TAS/336/2020 art.4).

Respecto a los beneficiarios, mediante adjudicación directa con este programa se conceden ayudas a los arrendatarios de vivienda habitual, que acrediten su situación de vulnerabilidad debida al COVID -19 (RDL 11/2020 art.5 y 6) y tengan problemas transitorios para:

  • pagar total o parcialmente la renta del alquiler; o
  • devolver los préstamos gratuitos concedidos de acuerdo con el RDL 11/2020 art.9.

Como requisito adicional, el arrendador y el arrendatario –o cualquiera de las personas que habite en la vivienda- no pueden tener relación de parentesco o vinculación empresarial.

Asimismo, las comunidades o ciudades autónomas, a las que les corresponde la gestión y el pago de estas ayudas, pueden establecer supuestos adicionales o complementarios para determinar la situación de vulnerabilidad.

Las ayudas de este programa son compatibles con cualquier otra que venga percibiendo el arrendatario siempre y cuando la suma de las mismas no supere el 100% del importe del alquiler del mismo período. En caso de superarlo, la ayuda correspondiente a este programa se reducirá hasta cumplir con dicho límite.

El plazo de solicitud a la respectiva comunidad o ciudad autónoma alcanza hasta el 30-9-2020 y a la misma:

  • se ha de acompañar copia del contrato -que ha de indicar el medio y forma de pago de la renta-; y
  • acreditar que se han abonado las tres últimas mensualidades o todas las que correspondan desde el inicio del contrato si este lleva menos tiempo en vigor.

Las cuantías de las ayudas serán las siguientes:

  • hasta 900 euros al mes o 100% de la renta arrendaticia si esta fuera menor, por un plazo máximo de 6 meses, que la comunidad autónoma podrá pagar directamente al arrendador; o
  • un máximo de 5.400 euros cuando se haya accedido a los préstamos gratuitos del RDL 11/2020 art.9, que se destinará a su amortización, pudiendo aplicarse en su caso el remanente al pago de nuevas mensualidades de renta o las cantidades pendientes de las vencidas, hasta alcanzar el total de la ayuda.

2. Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables(RDL 11/2020 art.11; OM TAS/336/2020 art.4).

Este nuevo programa sustituye el «Programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual» (RD 106/2018 art.19 a 23), con lo que, además de ampliar las situaciones a las que se puede atender, se gana inmediatez ante casos de extrema urgencia a los que el anterior no podía dar solución.

Los beneficiarios de estas ayudas pueden ser:

  • víctimas de violencia de género;
  • personas desahuciadas de su vivienda habitual;
  • personas sin hogar;
  • otras personas especialmente vulnerables, de acuerdo con los servicios sociales autonómicos o locales; y
  • por cuenta de todas las anteriores, las administraciones, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea dotar de una solución habitacional a las mismas.

Quedan asimismo expresamente excluidos quienes dispongan de una vivienda en propiedad o en régimen de usufructo, que puedan ocupar de forma compatible con su situación de vulnerabilidad.

La Administración autonómica, encargada de la gestión de estas ayudas, debe poner a disposición del beneficiario de esta ayuda una vivienda de titularidad pública o de titularidad privada cedida para su uso a una administración pública. Si no se dispone de estas la ayuda se puede aplicar a cualquier vivienda privada, alojamiento o dotación residencial que sea adecuada a la situación del beneficiario.

Estas viviendas han de ser ocupadas en régimen de alquiler, de cesión de uso, o en cualquier régimen de ocupación temporal admitido en derecho.

El plazo máximo de concesión de estas ayudas es de 5 años. Si bien se pueden acumular a estos, con efectos retroactivos, la cuantía necesaria para atender al pago del alquiler o los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos de los 6 meses anteriores a los que el beneficiario no hubiera podido hacer frente.

Atendiendo a las circunstancias del beneficiario y teniendo en cuenta el informe favorable de los servicios sociales autonómicos o locales, las cuantías de las ayudas pueden ser las siguientes:

  • hasta 600 euros al mes o hasta el 100% de la renta o precio de ocupación si fuera inferior;
  • de forma excepcional y justificada la cuantía puede alcanzar 900 euros al mes o el 100% de la renta, si este fuera inferior pero por encima de los 600 euros anteriores; y
  • hasta 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos con el límite del 100% de los mismos.

3. Modificación del Programa de fomento del parque de vivienda en alquiler (RD 106/2018 art.24 a 32; RDL 11/2020 art.12; OM TAS/336/2020 art.5).

A fin de facilitar que las Administraciones puedan adquirir viviendas con mayor rapidez, el Programa de fomento del parque de vivienda en alquiler se modifica en los siguientes aspectos:

  • Expresamente se incluyen en el programa, a efectos de su financiación, las viviendas adquiridas con este objeto por las Administraciones organismos públicos y demás entidades de derecho público, así como las empresas públicas y las entidades del tercer sector sin ánimo de lucro (RD 106/2018 art.25), que asimismo quedan también incluidos como beneficiarios de las ayudas (RD 106/2018 art.26).
  • Respecto a la cuantía de las ayudas, se establece que los adquirentes de viviendas, pueden obtener una subvención proporcional a la superficie útil de cada vivienda, si bien (RD 106/2018 art.28):
  • como máximo puede ser de 400 euros por metro cuadrado de superficie útil; y
  • no puede superar el 60% del precio o coste de adquisición -incluidos impuestos, tasas, tributos, gastos de notaría y registro y cualquier otro gasto inherente a la adquisición-.

Esta subvención es compatible con cualquiera otra subvención concedida por otras Administraciones Públicas para el mismo objeto.

Se establece que el precio del alquiler o de la cesión de uso ha de ser limitado por la Administración autonómica, siempre dentro de estos parámetros (RD 106/2018 art.29):

  • inferior a 5,5 euros mensuales por metro cuadrado de superficie útil de vivienda; más
  • un 60% de la anterior cuantía por metro cuadrado de superficie útil de plaza de garaje o de cualquier otra superficie adicional anexa a la vivienda –a excepción de las zonas comunes-, si las tuviera.

Las ayudas se pueden conceder mediante adjudicación directa y se pagará al beneficiario con carácter previo a la formalización de la escritura pública de compraventa, aunque de forma condicionada a la efectiva formalización de la compraventa (RD 106/2018 art.30).

Respecto al plazo de ejecución, se establece que la adquisición de viviendas ha de formalizarse en el plazo máximo de 6 meses desde el reconocimiento de la ayuda y de 3 meses desde el pago condicionado de la misma (RD 106/2018 art.31).

Se establece que los ingresos de todas las personas que constituyan una unidad de convivencia con el arrendatario o cesionario de estas viviendas, no pueden superar (RD 106/2018 art.32):

  • 3 veces el IPREM con carácter general;
  • 4 veces el IPREM si se trata una familia numerosa de categoría general o de personas con discapacidad; y
  • 5 veces el IPREM cuando se trate de familias numerosas de categoría especial o de personas con parálisis cerebral, con enfermedad mental, con discapacidad intelectual o con discapacidad del desarrollo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33% o personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%