La existencia de un certificado de residencia fiscal expedido por las autoridades competentes de un Estado a los efectos del CDI, no impide que concurriendo también en el contribuyente las circunstancias que determinan la condición de residente fiscal en España, por radicar aquí el núcleo de sus actividades e intereses económicos, se produzca un caso de conflicto de residencia, y que aplicados los criterios de desempate establecidos en el CDI correspondiente, resulte prevalente su residencia fiscal en España por radicar en nuestro país su centro de intereses vitales.

Residencia fiscal

La cuestión casacional versa sobre el valor que ha de darse, en vía administrativa y judicial, a un certificado emitido por la autoridad fiscal de un país con el que España tiene suscrito un convenio de doble imposición y, asimismo, como proceder en el caso de que se aprecie la existencia de un conflicto de residencia.

En este caso, se parte de un supuesto en el que el recurrente posee un certificado de residencia fiscal emitido por la autoridad competente de Reino Unido a los efectos del CDI España-Reino Unido. No obstante, la administración española, sin cuestionar el alcance ni la validez de dicho certificado, considera que también concurren en el mismo circunstancias que determinan su condición de residente fiscal en España, por radicar aquí el núcleo de sus actividades e intereses económicos.

A estos efectos, el Tribunal Supremo considera que:

1. En un conflicto de residencia, en primer lugar, se debe examinar si concurren las condiciones para considerar que, en efecto, se produce una situación de conflicto en la tributación por la doble atribución de residencia, lo que requiere verificar si se cumplen los supuestos que, conforme a la legislación española, determinarían la residencia fiscal en el Reino de España.

Así, en relación con la normativa interna, no siendo aplicable en este caso el criterio de permanencia durante más de 183 días en territorio español, debe acudirse al criterio de núcleo principal o base de las actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta.

Esta ponderación, no excluye que pueda considerase residente en España a un contribuyente a pesar de que la principal fuente de ingresos y rentas los reciba de otro país, cuando sigue manteniendo en España la mayor parte de su patrimonio inmobiliario o mobiliario, pues ello puede ser un indicio relevante que permita acreditar que el contribuyente pretende mantener el centro de sus intereses económicos en España, a pesar de que su fuente de renta personal y principal se obtiene en otro país.

2. Una vez reconocido el conflicto de residencia, en relación con la aplicación de las reglas de desempate. El CDI España- Reino Unido establece, entre otros, que cuando una persona física sea residente de ambos Estados contratantes, se la considerará residente exclusivamente del Estado donde tenga una vivienda permanente a su disposición; si tuviera una vivienda permanente a su disposición en ambos Estados, tal y como sucede en este caso, se la considerará residente exclusivamente del Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas, es decir, donde radique su centro de intereses vitales, concepto más amplio, aunque no opuesto, al concepto de núcleo de intereses económicos al que se refiere la normativa interna.

Por tanto, y atendiendo a la valoración del conjunto de actividades e intereses económicos, el Tribunal considera que la vinculación económica más estrecha del obligado tributario lo sea con España, país en el que radica el núcleo principal y la base de sus actividades e intereses económicos.

En base a lo anterior, se desestima el recurso de casación.

 

 

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Fuente: Lefebvre