El Tribunal Económico-Administraivo Central (TEAC) sigue el criterio del Tribunal Supremo y establece que, reconocida una reducción de la base imponible en una liquidación provisional acordada en un procedimiento de gestión tributaria iniciado mediante declaración, con carácter general no puede comprobarse posteriormente por los órganos de inspección tributaria el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para disfrutar de ese beneficio fiscal.

Consecuencias del reconocimiento en gestión de un beneficio fiscal

Tras el fallecimiento de una persona, sus herederos presentan la documentación necesaria para que la oficina gestora liquide el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), solicitando la aplicación de la reducción prevista por empresa familiar.

Tres años más tarde, se inicia un procedimiento inspector que concluye con una regularización y una sanción al considerar que no resulta de aplicación la reducción por empresa familiar al no cumplirse los requisitos para su exención en el Impuesto sobre el Patrimonio (IP).

Al no estar conforme con dicha regularización, el contribuyente interpone reclamaciones económico-administrativas ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Asturias que se estimaron, anulándose la liquidación y la sanción impugnadas, por apreciarse la existencia de efecto preclusivo del procedimiento iniciado mediante declaración y finalizado por liquidación provisional sobre el posterior procedimiento inspector.

Contra dicha resolución la Administración tributaria interpuso reclamación económico-administrativa ante el TEAC, al considerar la inexistencia de efecto preclusivo del procedimiento gestor sobre el posterior procedimiento inspector, que es desestimada en base a las siguientes argumentos:

a) La Oficina Gestora disponía de todos los datos para liquidar el impuesto, y la Inspección regularizó y liquidó de nuevo atendiendo al mismo elemento de la obligación tributaria, pero analizando los datos a los que no atendió en su momento pese a poder hacerlo al disponer de los mismos.

b) La posibilidad de que la Inspección tributaria compruebe el cumplimiento de los requisitos para obtener un beneficio fiscal después de haber actuado los órganos de gestión se condiciona por el Tribunal Supremo a que concurran alguna de las siguientes circunstancias:

  • advertir hechos o circunstancias relevantes presentes ab initio que no pudieron ser consideradas por el órgano de gestión tributaria cuando reconoció la exención solicitada, al no obrar en la documentación revisada o al no haber sido expuestas en sus verdaderos términos; o
  • por haberse modificado las circunstancias o los requisitos determinantes de la exención (en este caso, reducción) reconocida.

En el caso concreto no concurre ninguna de las dos circunstancias.

c) Esta misma cuestión ya se ha resuelto por el TS en un recurso de casación en el que se abordan idénticas cuestiones fácticas y jurídicas. En la sentencia se establece como criterio que el reconocimiento de la reducción de la base imponible para la adquisición mortis causa de participaciones en entidades a las que sea de aplicación la exención regulada en la LIP –en una liquidación provisional acordada en un procedimiento de gestión tributaria iniciado mediante declaración– impide la posterior comprobación por los órganos de inspección tributaria, en un procedimiento de comprobación e investigación, del cumplimiento de los requisitos legales exigidos para disfrutar de ese beneficio fiscal, cuando la Administración tributaria tiene desde el primer momento todos los datos relativos a los requisitos condicionantes de dicho beneficio fiscal y éste fue reconocido por ella.

Solo en caso de que en dicho procedimiento de comprobación o investigación posterior se descubran nuevos hechos o circunstancias, que resulten de actuaciones distintas de las realizadas y especificadas en la liquidación provisional mediante la que terminó el procedimiento iniciado mediante declaración, podría admitirse esa modificación.