Desde el 1 de junio se incluye el Ingreso Mínimo Vital como una nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantiza unos ingresos mínimos a quienes carecen de ellos. Los beneficiarios son tanto personas individuales como hogares y su cuantía para 2020 corresponde con la de las pensiones no contributivas.

Ingreso Mínimo Vital: principales características

Se trata de una prestación de naturaleza económica dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y la exclusión social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia. Como prestación no contributiva de la Seguridad Social, se financiará mediante aportaciones del Estado a la Seguridad Social.

La creación del IMV supone la modificación, entre otras normas, de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) , al objeto de incluirla dentro de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social y de incorporar las necesarias obligaciones de facilitación de datos para el reconocimiento, gestión y supervisión de la prestación por parte del Ministerio de Hacienda, comunidades autónomas, diputaciones forales, Ministerio del Interior, mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, IMSERSO y organismos competentes autonómicos. Además, supone la supresión de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33%, pues esta prestación se integrará en el ingreso mínimo vital.

Las características principales de esta nueva prestación son las siguientes:

1. Pueden ser beneficiarios del ingreso mínimo vital:

a) Personas integrantes de una unidad de convivencia (hogares) que se haya constituido de forma continuada durante, al menos, el año anterior a la presentación de la solicitud. No es necesario el periodo de un año en los casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente de menores, en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual, o en otros supuestos justificados que se determinen. Se considera unidad de convivencia la formada por:

  • todas las personas que residan en un mismo domicilio y que estén unidas entre sí por vínculo matrimonial o como pareja de hecho o por vínculo hasta el 2ª de consanguinidad, afinidad, adopción, y otras personas con las que conviva en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.
  • una persona víctima de violencia de género que haya abandonado su domicilio familiar habitual acompañada de sus hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente y sus familiares hasta el 2º grado por consanguinidad o afinidad.
  • persona acompañada de sus hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente y sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, que haya iniciado los trámites de separación o divorcio.
  • dos o más personas de al menos 23 años y menores de 65 que, sin mantener entre sí una relación, habiten en un mismo domicilio en los términos que reglamentariamente se determinen.

b) Personas individuales que vivan solas o que, compartiendo domicilio con una unidad de convivencia, no se integren en la misma, y que cumplan los siguientes requisitos:

  • tener más de 23 años y menos de 65 años;
  • haber vivido de forma independiente durante al menos tres años antes de la solicitud del ingreso mínimo vital.
  • no estar unidas a otra por vínculo matrimonial o como pareja de hecho;
  • no formar parte de otra unidad de convivencia;
  • no se exigen los anteriores requisitos, en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual.

2. Para acceder a la prestación, ambos tipos de beneficiarios deben cumplir los siguientes requisitos:

  • Residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud. No se exigie este requisito respecto de menores incorporados a la unidad de convivencia, víctimas de trata y de violencia de género, que acrediten esta condición. Se entiende que una persona tiene su residencia habitual en España cuando las estancias en el extranjero no superen los 90 días naturales a lo largo de cada año natural, o cuando la ausencia esté motivada por causas de enfermedad justificadas.
  • Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica por:
    • carecer de rentas: cuando el promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales computables de la persona beneficiaria individual o del conjunto de miembros de la unidad de convivencia, correspondientes al ejercicio anterior, sea inferior, al menos en 10 euros, a la cuantía mensual de la renta garantizada con esta prestación en función de la modalidad y del número de miembros de la unidad de convivencia (451,5 €/mes, si 1 beneficiario );
    • carecer de patrimonio: no puede superar 3 veces la cuantía anual de la prestación para cada uno de los casos, restando posibles deudas que se tengan. El límite se aumenta según el número de personas que vivan en la unidad de convivencia (16.614, si hay un miembro y 43.196 €, a partir de cinco miembros). No computa la vivienda habitual.
  • Haber solicitado las pensiones y prestaciones vigentes a las que pudieran tener derecho, excluidos los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las CCAA.
  • Inscribirse como demandantes de empleo, en caso de no trabajar y ser mayores de edad o menores emancipados.

3. El ingreso mínimo vital consiste en una prestación económica. Su cuantía es la diferencia entre la cuantía de la renta garantizada y el conjunto de todas las rentas e ingresos de la persona beneficiaria o de los miembros que componen esa unidad de convivencia del ejercicio anterior, siempre que la cuantía resultante sea igual o superior a 10 euros mensuales. A tal efecto, la cuantía máxima es la siguiente:

  • beneficiario individual: 100% del importe anual de las pensiones no contributivas dividido por doce.
  • unidad de convivencia: la anterior cuantía mensual incrementada en en un 30% por miembro adicional a partir del segundo hasta un máximo del 220%. Esta cuantía se incrementa en un 22% más en caso de familias monoparentales (un adulto e hijos menores con los que conviva).

En ambos supuestos la cuantía puede incrementarse cuando se acredite que los gastos de alquiler de la vivienda habitual superan al 10% de la renta garantizada que corresponda.

4. El derecho a la prestación del ingreso mínimo vital nace a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de presentación de la solicitud. El pago se realiza mensualmente y por trasferencia bancaria. Se mantendrá mientras subsistan los motivos que dieron lugar a su concesión. Los cambios en las circunstancias personales, económicas o patrimoniales de los beneficiarios pueden comportar la disminución o el aumento de la prestación económica mediante la revisión correspondiente por la entidad gestora. Surtirán efectos a partir del día primero del mes siguiente al de la fecha en que se hubiera producido el hecho causante de la modificación. En todo caso, la cuantía se actualizará con efectos 1 de enero de cada año, teniendo en cuenta los ingresos del año anterior.

5. El IMV es incompatible con la percepción de la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo, sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, cuando exista identidad de causantes o beneficiarios de esta, sin perjuicio de la posibilidad de ejercer el derecho de opción por una de ellas.

6. La competencia para el reconocimiento y el control de esta prestación le corresponde al INSS, salvo en las Comunidades forales de Navarra y País Vasco, que las asumirán, con referencia a su ámbito territorial, en los términos que se acuerde antes del 31 de octubre de 2020. También se prevé la celebración de convenios con las CCAA y las entidades locales a  efectos de tramitación de las solicitudes y los expedientes.

7. La solicitud debe realizarse en el modelo normalizado establecido al efecto, acompañada de la documentación necesaria para justificar el cumplimiento de los requisitos. El INSS debe resolver en el plazo de 3 meses, que transcurridos sin resolución expresa, debe entenderse denegada la solicitud por silencio administrativo.

8. Las personas titulares del ingreso mínimo vital estarán sujetas durante el tiempo de percepción de la prestación a las siguientes obligaciones:

  • proporcionar la documentación e información precisa para acreditar de los requisitos  para acceder u conservar  la prestación, así como para garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones;
  • comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación (plazo de 30 días desde que se produzcan);
  • reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas;
  • comunicar al INSS con carácter previo las salidas al extranjero tanto del titular como de los miembros de la unidad de convivencia, y su duración previsible;
  • presentar anualmente declaración correspondiente al IRPF.
  • figurar inscritas como demandantes de empleo, salvo en los supuestos que se determinen reglamentariamente.
  • cumplir las condiciones establecidas para el acceso y mantenimiento en caso de compatibilizar la prestación con las rentas del trabajo o la actividad económica.
  • participar en las estrategias de inclusión que promueva el MIMSS.
  • cualquier otra obligación que pueda establecerse reglamentariamente.

9. Se incluye un régimen sancionador aplicable a esta prestación. A tal efecto, se tipifican infracciones por los distintos incumplimientos, que se clasifican como leves, graves y muy graves y, también, las correspondientes sanciones. En la graduación de las sanciones se debe tener en cuenta la culpabilidad, negligencia e intencionalidad de la persona infractora, así como la cuantía económica de la prestación económica indebidamente percibida.

Como sujetos responsables de las infracciones, se prevén, además los beneficiarios de la prestación, los miembros de la unidad de convivencia, aquellas personas que hubiesen cooperado en su comisión mediante una actuación activa u omisiva sin la cual la infracción no se hubiera cometido.

10. Se prevé la regulación delSello de Inclusión Social, para distinguir a empresas y entidades que contribuyan al tránsito de los beneficiarios del IMV desde una situación de riesgo de pobreza y exclusión a la participación activa en la sociedad.

11. Los beneficiarios de la prestación están también exentos de la aportación farmacéutica ambulatoria y disfrutan de gratuidad en las tasas universitarias.

Para el ejercicio 2020 el INSS va a reconocer la prestación transitoria de ingreso mínimo vital a los actuales beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo, siempre que el importe de la prestación transitoria de ingreso mínimo vital sea igual o superior al importe de la asignación económica que viniera percibiendo. A partir del 1-1-2021, estos beneficiarios van a mantener el derecho a esta prestación, siempre que se reúnan los requisitos establecidos y los interesados aporten antes del 31-12-2020 la documentación que le sea requerida por el INSS.

Además, el INSS puede, hasta el 31-12-2020, reconocer la prestación de ingreso mínimo vital a aquellas personas beneficiarias de alguna de las distintas rentas de inserción o básicas establecidas por las CCAA, cuando estas comuniquen que consideran que podrían acreditar los requisitos para acceder a la prestación  Aunque para el reconocimiento de esta prestación se deben tenerse en cuenta los ingresos del año inmediatamente anterior, aunque para atender las situaciones de vulnerabilidad generadas por la pandemia de COVID-19, también se podrá reconocer para solicitudes cursadas durante 2020 teniendo en cuenta la situación de ingresos de este año.

En 2020, las solicitudes de acceso a la prestación económica pueden presentarse a partir del día 15-6-2020. Si la solicitud se presenta dentro de los tres meses siguientes, los efectos económicos se retrotraerán al día 1 de junio de 2020 siempre que, en esta fecha, se acrediten todos los requisitos para su acceso. En caso de no cumplir los requisitos en la referida fecha los efectos económicos se fijarán el día primero del mes siguiente a aquel en que se cumplan los requisitos. Si la solicitud se presenta transcurridos tres meses, los efectos económicos se fijarán el día primero del mes siguiente a la presentación de la solicitud.