El TS confirma la condena a una cadena de supermercados al pago de una indemnización por daños morales por vulneración del derecho a la intimidad de un cargo público autonómico, al incumplir su obligación de custodiar la grabación que de este se hizo en un establecimiento del que era titular y que fue ampliamente difundida por los medios de comunicación tras una filtración a la prensa.

Vulneración del derecho a la intimidad al incumplir la obligación de custodia de grabación

En 2011 la cadena de supermercados Cecosa Hipermercados, S.L. tomó una grabación en uno de sus establecimientos de una mujer que desempeñaba un cargo público político autonómico, en una situación antijurídica. En 2018, la grabación fue filtrada a un medio de comunicación, haciéndose eco otros medios; hecho este que, junto a otras circunstancias y situaciones propias de la actividad política de esta persona, influyeron en el abandono de su actividad.

La política demandó a la cadena de supermercados al amparo de la LO 1/1982, solicitó que se declarara que la conducta de Cecosa constituyó una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales al honor, la intimidad y la propia imagen, solicitando una indemnización de 450.000 euros y la publicación de la sentencia en dos diarios de tirada nacional. El JPI desestimó la demanda, considerando que fue una grabación lícita tomada en un establecimiento público, no apreciando intromisión ilegítima o vulneración de los derechos de la demandante.

La AP en sentencia AP Madrid 19-1-21, EDJ 503690, estimó el recurso de apelación de la demandante, y declaró que Cecosa incumplió las obligaciones impuestas por la LOPD/99, su reglamento (RD 1720/2007 art.108) y la AEPD Instr 1/2006, EDL 310701, respecto de la custodia de la grabación, lo que constituyó una intromisión ilegítima en la intimidad de la demandante y le provocó daños morales, para cuyo resarcimiento fijó una indemnización de 30.000 euros.

Cecosa recurrió en casación al TS, argumentando que la AP realizó una incorrecta ponderación en el conflicto entre las libertades de expresión e información y el derecho a la intimidad de la demandante, al haberse divulgado hechos veraces y de interés público (eran hechos constitutivos de un ilícito penal cometido por un personaje público), amparados en consecuencia por el derecho a la información.

El TS desestima el recurso y confirma la sentencia de la AP, declarando que:

  • el razonamiento jurídico de la sentencia recurrida «discurre totalmente al margen del conflicto entre las libertades de expresión e información y el derecho a la intimidad de la demandante, pues la condena de la recurrente se basa en «los incumplimientos en que incurrió la entidad demandada en la custodia de la grabación efectuada en un establecimiento de su titularidad» que le impone la normativa de protección de datos»; y
  • la cuantía se considera proporcionada, puesto que «la gran repercusión que el conocimiento público de la grabación, propiciada por el incumplimiento por la demandada de su obligación de custodia y posterior destrucción de la grabación, tuvo en la opinión pública muestra con toda claridad que los daños morales fueron muy importantes.»

 Nota

La publicación en 2018 de las grabaciones motivaron actuaciones de investigación de la AEPD, que por AEPD Resol núm R/00423/2019 impuso a Cecosa dos multas por un total de 150.000 euros multó a Cecosa por infracción de LOPD/99 art.4.1 y art.9, tipificadas como graves en LOPD art.44.3.c y h.

Esa resolución fue declarada nula al estimarse el recurso de la cadena de supermercados en la sentencia AN 16-2-21, EDJ 575396, por no haberse seguido las normas establecidas para el procedimiento sancionador, cuyos principios y garantías esenciales fueron vulneradas, y por tanto la sanción fue dejada sin efecto.

 

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Fuente: Lefebvre