El TJUE ha declarado que la obligación de iniciar el procedimiento de consulta con los representantes legales de los trabajadores en el marco de un despido colectivo nace desde el momento en que el empresario adopta una decisión estratégica que le obliga a plantearse o proyectar despidos colectivos. No obstante, es necesario que se conozcan los factores y elementos pertinentes relativos a los despidos colectivos previstos a fin de evitar un nacimiento prematuro de la obligación de consulta.

Despido colectivo y procedimiento de consultas

El TJUE, en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el TSJ de Illes Balears, ha declarado que la obligación de consulta a los representantes legales de los trabajadores en el marco de un procedimiento de despido colectivo nace desde el momento en que, en el marco de un plan de reestructuración, el empresario se plantea o proyecta una disminución de puestos de trabajo cuyo número puede superar los umbrales del despido colectivo (Dir 98/59/CE art.2.1).

La empresa demandada en el litigio principal se dedica a la gestión y explotación de hoteles. A finales de 2019, el número de hoteles que explotaba pasa de veinte a siete y en enero de 2020 su plantilla se había reducido de 43 a 32 trabajadores. De entre esos 11 trabajadores que habían dejado de prestar servicios 9 habían causado baja voluntaria y suscrito sendos contratos de trabajo con la nueva empresa adjudicataria de la gestión de los hoteles. A finales de enero de 2020, la empresa acuerda el despido de otros 9 trabajadores, con lo que la plantilla queda reducida a 23 trabajadores.

Los actores interponen demanda impugnando sus despidos ante el juzgado de lo social al considerar que la empresa debería haber iniciado un procedimiento de despido colectivo y que había actuado fraudulentamente al promover las bajas voluntarias para evitar alcanzar los umbrales del despido colectivo.

La demanda es desestimada en la instancia por lo que interponen recurso de suplicación. El TSJ acuerda la suspensión del procedimiento y plantea al TJUE las siguientes cuestiones prejudiciales:

  1. ¿Las obligaciones de consulta a la RLT nacen desde que la empresa proyecta extinciones de contratos que superen el limite establecido para los despidos colectivos, con independencia de que, finalmente, el número de extinciones no alcance tal umbral?
  2. ¿Se asimilan a extinciones las bajas las bajas de trabajadores propuestas por la empresa, no pretendidas pero aceptadas por aquellos una vez obtenida la oferta firme de incorporación inmediata a otra empresa?

Respecto a la primera cuestión, el TJUE recuerda que las obligaciones de notificación y consulta a los representantes legales de los trabajadores nacen con anterioridad a la decisión del empresario de extinguir los contratos de trabajo.  Su finalidad es, precisamente, evitar las extinciones de contratos de trabajo o reducir su número, y estudiar alternativas por lo que perderían eficacia si la consulta a la RLT se realizara con posterioridad a la decisión.

Por tanto, el Tribunal concluye que el procedimiento de consulta debe iniciarse en el momento en que el empresario adopte una decisión estratégica que le obligue a plantearse o proyectar despidos colectivos (TJUE 10-9-09, asunto C-44/2008, EDJ 189949).

Matiza que para evitar los efectos negativos que podrían derivarse de un nacimiento prematuro de la obligación de consulta (restricción de la flexibilidad de las empresas para llevar a cabo procesos de reestructuración, aumento de cargas administrativas y de la inquietud de los trabajadores…) es necesario que ya se conozcan los factores y elementos pertinentes relativos a los despidos colectivos previstos.

Concluye así que corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si la decisión de la empresa demandada en el litigio principal de iniciar conversaciones para la cesión de la gestión de parte de los establecimientos hoteleros que explotaba, la obligaba a plantearse o proyectar despidos colectivos, con independencia de que las extinciones contractuales alcanzaran finalmente o no los umbrales del despido colectivo.

El TJUE considera que a la vista de la respuesta dada a la primera cuestión prejudicial no procede responder a la segunda.

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Fuente: Lefebvre