Por las circunstancias concurrentes del caso (tres únicos socios que son a su vez administradores solidarios, orden del día que contiene el texto de la modificación estatutaria propuesta y acuerdos adoptados por los 2/3 del capital), son inscribibles los acuerdos de junta general modificación de estatutos a pesar de que en su convocatoria no se hizo constar, como exige la LSC art.287, el derecho de los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta; y ello sin perjuicio del resultado de una hipotética impugnación judicial de dichos acuerdos.

Modificación estatutaria y derecho de información del socio

El registrador mercantil rechaza inscribir los acuerdos de junta general de modificación de estatutos debido a que, en el anuncio de convocatoria, no se hace constar, como exige la LSC art.287, el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta.

La sociedad recurre aduciendo que, en este caso, todos los socios conocían tal extremo, en la medida que todos ellos, al tiempo de convocatoria de la junta, eran a su vez administradores solidarios, y además en el propio texto del orden del día figuraba el texto de la modificación propuesta.

La DGSJFP estima el recurso, revocando la calificación registral negativa. Señala lo siguiente:

1º. Con carácter general: si bien el derecho de información del socio es inderogable (no puede ser eliminado por acuerdo de la junta o del órgano de administración) e irrenunciable, sin perjuicio de que el socio sea libre de ejercitarlo o no en cada caso -según su conveniencia-, y en esa medida debe extremarse el rigor en el cumplimiento de las formalidades propias de este derecho, tan rigurosa doctrina debe mitigarse en ocasiones debido a los efectos devastadores de la nulidad de los acuerdos sociales, de tal forma que los defectos meramente formales pueden orillarse cuando, por su escasa relevancia, no comprometan los derechos individuales del socio, favoreciendo, así, el tráfico jurídico fluya sin presiones formales injustificadas, y evitando la reiteración de trámites que, sin aportar mayores garantías, dificultan el normal funcionamiento de las empresas.

2º. Aplicación de esta doctrina al caso: Aplicando las consideraciones anteriores al supuesto de hecho de este expediente, la calificación no puede ser confirmada, pues:

a) el anuncio de convocatoria de la junta general expresa con suficiente claridad el contenido de la modificación estatutaria y el texto íntegro de los acuerdos sometidos a debate, así como la nueva redacción que pasarían a tener los artículos de los estatutos sociales cuya modificación se proponía (TS 29-3-05; 20-9-06);

b) los tres únicos socios eran también administradores solidarios de la sociedad, por lo que no sólo tenían el derecho sino también el deber de estar informados sobre la marcha de los asuntos de la sociedad y podían acceder a toda la documentación social, sin que conste que a los administradores solidarios no convocantes se les haya impedido el acceso a dicha información;

c) al haber asistido los tres únicos socios y adoptarse los acuerdos por mayoría suficiente, la convocatoria de una nueva junta en nada alteraría el resultado de lo acordado.

En definitiva, del conjunto de circunstancias concretas no resulta a priori que haya existido una violación directa de los derechos individuales de los socios, sin perjuicio de que en el correspondiente procedimiento judicial que pudiera abrirse y con la plenitud de medios que implica el ejercicio jurisdiccional pueda acreditarse que la omisión en los anuncios de convocatoria ha supuesto una efectiva violación de tales derechos.

 

 

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Fuente: Lefebvre