Obligación de elaborar el plan
  • Empresas y entidades públicas con centros de trabajo >200 trabajadores o >100 por turno deben tener planes en 24 meses desde la entrada en vigor de la ley.
  • Extensible a otras entidades públicas si así lo decide la administración competente.
  • Los planes aprobados antes de la entrada en vigor de la Ley deben comunicarse a la autoridad competente designada por la correspondiente comunidad autónoma en el plazo de tres meses desde dicha fecha. Asimismo, deben actualizarse siguiendo los criterios establecidos en la nueva regulación.
  • Plazo: a partir del 5-12-2026.
Negociación
  • Negociación obligatoria con representación legal o, en su defecto, comisión negociadora con sindicatos.
  • Consejo rector en cooperativas.
Contenido mínimo
  • Soluciones y medidas incluidas: movilidad activa, transporte colectivo, bajas emisiones, teletrabajo, seguridad vial, visitantes/proveedores, coordinación local.
  • Centros con >1.000 trabajadores en grandes municipios: medidas para reducir movilidad en horas punta y fomentar medios sostenibles.
  • Se podrán ofrecer tarjetas de transporte tramitadas por empresa emisora de vales de transporte, según normativa del IRPF y reglamento.
  • Puede regularse la figura del gestor de movilidad para los centros afectados.
  • Se promoverán mecanismos de coordinación entre centros localizados conjuntamente para aplicar medidas conjuntas.
Seguimiento e informes
  • Informe de seguimiento obligatorio cada dos años sobre la implantación de las actuaciones y medidas incluidas en el plan.
Registro del plan
  • Los planes aprobados, nuevos o existentes, deben comunicarse a la autoridad competente para su integración en el EDIM.
  • El EDIM incluirá un registro de planes y sus parámetros fundamentales.
Financiación y subvenciones
  • Ayudas para planes en empresas de >100 trabajadores o >50 por turno, según bases de convocatoria del Ministerio de Transportes.
Régimen sancionador
  • Infracciones leves y graves por incumplimiento de obligaciones (multas de 101 a 6.000 euros), con plazos de prescripción y competencia definida.