El pleno del TS ha declarado que, en cuanto la inscripción y registro de los planes de igualdad es un procedimiento administrativo, rige la obligación de resolver expresamente, por lo que, transcurrido el plazo de 3 meses sin haber dictado resolución expresa, la autoridad laboral debe inscribir y registrar el plan por silencio administrativo positivo.

Efectos del silencio administrativo en los Planes de Igualdad

La empresa que contaba con un plan de igualdad anterior a la entrada en vigor del RD 902/2020, regulador de los planes de igualdad y su registro, procede, conjuntamente con la parte social, a adaptarlo a la nueva regulación. El 1-7-2021 solicita su inscripción en el registro de convenios colectivos y planes de igualdad de la Dirección General de Trabajo del MTES.

Esta Dirección General requiere a la empresa para que subsane los defectos encontrados en respectivas resoluciones de 6-7-2021 y de 18-8-2021, que presenta su último escrito de alegaciones el 8-9-2021, sin recibir respuesta de la Administración desde esa fecha.

En consecuencia, el 22-12-2021 la empresa solicita al órgano administrativo superior que expida un certificado del silencio administrativo estimatorio, al haber transcurrido más de 3 meses sin haber recaído resolución expresa. El 29-12-2021 dicho órgano administrativo dicta resolución denegando la inscripción del plan.

La empresa presenta demanda de impugnación de actos administrativos, que es estimada por el TSJ ordenando la inscripción del PI. Disconforme, la Administración interpone recurso de casación ante el TS.

La cuestión que se plantea consiste en determinar si, transcurrido el plazo de 3 meses sin haber recaído resolución expresa sobre la inscripción de un plan de igualdad, debe procederse a su inscripción por silencio administrativo positivo.

Para resolver la cuestión el TS recuerda que la LPAC art.24.1 regula el silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado estableciendo la obligación de dictar resolución expresa. Por ello, transcurrido el plazo máximo para resolver, los interesados están legitimados para entender estimada la solicitud por silencio administrativo positivo, salvo que una norma establezca lo contrario. Asimismo, la LPAC señala cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen plazo alguno este será de 3 meses que, en caso de procedimientos iniciados a solicitud del interesado, se computarán desde la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación.

En el supuesto enjuiciado la solicitud tuvo entrada en el registro el 1-7-2021 y el plazo de 3 meses fue suspendido por un requerimiento de subsanación de defectos (de 6-7-2021 y de 18-7-2021), habiendo presentado la actora escritos de alegaciones, respectivamente los días 20-7-2021 y de 8-9-2021, por lo que el cómputo del plazo de 3 meses para resolver debió entenderse finalizado el 8-12-2021.

Por tanto, cuando se dictó la resolución expresa denegatoria (29-12-2021), ya habían transcurrido más de 3 meses sin haber recaído resolución expresa.

Asimismo, el TS confirma que aunque la administración demandada considera que se trata de un supuesto excepcionado de silencio administrativo por entender que con los Planes de Igualdad se transfieren al solicitante facultades relativas al servicio público (LO 3/2007 art.45 y 46),  de esta regulación no se extrae la atribución de estas facultades a las empresas que han de elaborarlo e implantarlo.

Por tanto, el TS concluye que la resolución de 29-12-2022 carece de relevancia. Además  la recuerda que su doctrina y la  LPAC (art.21) establecen que, en los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo puede dictarse cuando es confirmatoria, impidiendo dictar una resolución administrativa expresa denegatoria que contravenga lo estimado por silencio.

Por todo ello, se estima el recurso, confirmando la sentencia del TSJ.

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Fuente: Lefebvre