Con efectos del día 18-12-2020, ha entrado en vigor la Ley Orgánica por la que se suprime el CP art.156.2, que permitía la esterilización de las personas con discapacidad no consentida, previa autorización judicial.

La permanencia de esta posibilidad legal en el Derecho nacional, más de una década después de la entrada en vigor del Tratado internacional de las personas con discapacidad, constituía una grave anomalía en términos de estrictos derechos humanos.

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad -ratificada por España, entrando en vigor desde 2008- recoge una serie de derechos de las personas con discapacidad que el CP no estaba respetando. En concreto, su artículo 23.1 establece que los Estados tomarán medidas para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, a fin de asegurar que:

  1. Se reconozca el derecho de las personas con discapacidad, a casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges.
  2. Se respete su derecho a decidir libremente el número de hijosque quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, a tener acceso a información, educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para su edad.
  3. Mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás.

A pesar de ello, en España hasta hoy se seguía practicando la «esterilización forzosa o no consentida» a personas con discapacidad o incapacitadas judicialmente. El Comité sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad confirma que las mujeres con discapacidad están sujetas a altas tasas de esterilización forzosa y a menudo se les niega el control de su salud reproductiva y toma de decisiones.

Además, indica que la esterilización forzada realizada bajo coerción, o de manera involuntaria, puede considerarse una vulneración de tratados internacionales de derechos humanos.

Por otro lado, la anticoncepción y la esterilización forzosa pueden dar lugar a la violencia sexual sin la consecuencia del embarazo, especialmente en el caso de las mujeres con discapacidad psicosocial o intelectual, las internadas en centros psiquiátricos y las privadas de libertad.

El Comité recomienda a los Estados partes que combatan la discriminación que padecen las mujeres con discapacidad mediante la derogación de las leyes, políticas y prácticas que impiden que disfruten de todos los derechos consagrados en la Convención.

Por todo ello, queda suprimido, mediante Ley Orgánica, el CP art.156.2. Los procedimientos que, con arreglo a la normativa derogada, estuvieran en trámite, quedan sin efecto a partir de hoy, recuperando la persona objeto de los mismos la plena libertad de decisión respecto de someterse o no al tratamiento médico.