Se ha publicado el RDL 6/2023, de 19 de diciembre, con el objetivo de avanzar en la adaptación al marco tecnológico y digital de la Administración de Justicia y mejorar la eficiencia procesal. Las principales novedades en materia laboral van dirigidas a facilitar la acumulación de acciones y procesos y la extensión de los efectos jurídicos de las sentencias a otros supuestos cuando los interesados estén en la misma situación jurídica que los favorecidos por el fallo. Se eleva también el límite máximo que permite la tramitación del proceso monitorio.

Novedades en la tramitación de los procedimientos en el orden social

Con la finalidad de lograr una mejora del servicio público a la ciudadanía se ha publicado el RDL 6/2023, de 19 de diciembre, que incluye una batería de medidas para facilitar la transformación digital y procesal de la Administración de Justicia.

Las medidas se articulan en dos grandes bloques:

  1. a) El primero de ellos tiene como objetivo adaptar la realidad judicial española al marco tecnológico y digital actual, para lo que se reconoce el derecho de la ciudadanía y de los profesionales a relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos (se mejora el concepto de sede judicial electrónica, se regula el Punto de Acceso General de la Administración de Justicia (PAGAJ), se actualizan los sistemas de identificación y autenticación y se impulsa el expediente judicial electrónico).
  2. b) El segundo está orientado a la eficiencia procesal, con el objetivo de garantizar procedimientos más ágiles y de hacer frente al incremento de la litigiosidad, para lo que se generaliza la preferencia de la presencia telemática para la realización de actos procesales.

La norma se articula en 4 libros, con 129 artículos, 16 disposiciones adicionales, 11 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, 9 disposiciones finales y un anexo de definiciones.

El RDL modifica las principales normas procesales, entre otras, la L 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa (LJCA), la L 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (LEC), el RD de 14 de septiembre de 1982, Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr)  y la L 36/2011, reguladora de la jurisdicción social (LRJS).

Por lo que respecta al orden jurisdiccional social, las principales novedades introducidas en la LRJS son las siguientes (ver Comparativa LRJS):

  1. Con carácter general, se sustituyen las referencias al secretario judicial por el letrado/a de la Administración de Justicia (LAJ).
  2. Se atribuye expresamente al orden social la competencia para conocer de la impugnación de las resoluciones administrativas recaídas en los procedimientos de reducción de jornada y suspensión de contratos de trabajo que se activen en el ámbito de aplicación del del Mecanismo RED (ET art.47.bis), y las relativas al reconocimiento de la situación de dependencia y prestaciones económicas y servicios asociados (LRJS art.2.n, o).
  3. Se regula la posibilidad de conferir representación para intervenir en juicio, además de mediante comparecencia ante el LAJ y escritura pública, a través del registro electrónico de apoderamiento. (LRJS art.18.1 y 19.2).

Esta circunstancia debe hacerse constar en la demanda indicando los datos de contacto del profesional.

  1. En materia de acumulación de acciones y procesos se introducen las siguientes novedades:

– se entiende que la causa de pedir es la misma, además de cuando se funden en los mismos hechos, cuando se funden en la misma o análogas decisiones empresariales.

En ambos supuestos, si los actores no ejercitan conjuntamente las acciones, el juzgado acordará la acumulación de procesos, salvo que con ello pudiera perjudicarse el derecho a la tutela judicial efectiva (LRJS art.25.3);

– en caso de presentación de demandas posteriores por AT/EP, las partes deben comunicar dicha circunstancia al órgano que conozca de la demanda en primer lugar, en el plazo de 5 días desde la notificación de la admisión de la segunda o ulteriores demandas (LRJS art.25.5). Este mismo deber de información se impone en supuestos de procedimientos que afecten a una pluralidad de destinatarios (LRJS art.25.7);

– se exceptúa de la prohibición de acumulación de acciones recogida en el art.26. de la LRJS la acción de responsabilidad por daños (LRJS art.26.1);

– se prohíbe la acumulación a otras en un mismo juicio de las acciones en reclamación sobre el acceso, reversión y modificación del trabajo a distancia (LRJS art.26.1);

– se permite acumular a la acción de despido la reclamación de las cantidades vencidas, exigibles y de cuantía determinada y se elimina la facultad del juzgado para disponer su tramitación separada por la especial complejidad de los conceptos reclamados (LRJS art.26.3);

– se permite la acumulación en una misma demanda de acciones de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo y de despido por causas objetivas por parte de distintos actores contra un mismo demandado, siempre que deriven de los mismos hechos o de una misma decisión empresarial en el primer supuesto o de cartas de despido con idéntica causa en el supuesto de despido por causas objetivas (LRJS art.26.8);

– se establece la obligatoriedad de la acumulación de los procesos seguidos frente a un mismo demandado ante el mismo juzgado o tribunal cuando se ejerciten acciones idénticas o que podían haberse acumulado en una misma demanda, aunque los actores sean distintos. También es obligatoria la acumulación cuando se trate de procesos seguidos antes distintos juzgados de lo social de la misma circunscripción, de oficio o a petición de parte (LRJS art.28 y 29).

  1. La presentación de escritos se realizará conforme a lo establecido en la LEC, pudiendo el trabajador elegir si actúa por medios electrónicos o no.
  2. Se regula la forma, contenido y lugar para la práctica de las comunicaciones con los órganos judiciales, incluyendo la comunicación edictal (LRJS art.53, 55, 56 y 59).
  3. Se exceptúan expresamente del requisito de intento de conciliación o mediación previas (LRJS art.64):

– los procesos monitorios;

– los procedimientos de reclamación sobre acceso, reversión y modificación del trabajo a distancia;

– aquellos en los que la representación corresponda al abogado del Estado, al letrado/a de la Administración de la Seguridad Social, a los representantes procesales de las CCAA o de las Administraciones Locales o al letrado/a de las Cortes Generales.

Las partes que hayan comparecido al acto de conciliación sin profesionales designados deberán aportar su número de teléfono, dirección de correo electrónico o cualquier
otro medio idóneo que permita su comunicación telemática (LRJS art.66).

  1. Se regula el llamado procedimiento de testigo que permite que el juez o tribunal que tuviera pendiente varios procesos con idéntico objeto y parte demanda, que no hubieran podido acumularse, tramite uno o varios con carácter preferente, atendiendo al orden de presentación de las demandas, y suspenda el curso de los demás hasta que se dicte sentencia. Esta decisión deberá adoptarse previa audiencia de las partes por plazo común de 5 días (LRJS art.86 bis).

Una vez firme la sentencia, se comunica a las partes para que los demandantes puedan solicitar, en el plazo de 5 días, la extensión de sus efectos, la continuación del procedimiento o bien desistir de la demanda (LRJS art.247ter).

  1. Se amplía la posibilidad de que la sentencia imponga sanciones pecuniarias cuando la sentencia condenatoria coincida esencialmente con la pretensión contenida en la papeleta de conciliación o en la solicitud de mediación (LRJS art.97.3).
  2. Se introducen modificaciones importantes en la regulación del proceso monitorio.

– se eleva de 6.000 a 15.000 el límite máximo de las cantidades que pueden reclamarse;

– se elimina la posibilidad de archivar el procedimiento por consignación del importe reclamado;

– una vez formulada oposición, la parte demandante dispondrá de 3 días para efectuar las alegaciones que estime pertinentes. Si las partes no solicitan vista, el juez dictará directamente sentencia fijando la cantidad concreta por la que despachar ejecución. Si se solicita vista, se convocará la misma siguiendo la tramitación del procedimiento ordinario;

– cuando no hubiera sido posible notificar personalmente el requerimiento de pago, se dictará resolución convocando vista siguiendo la tramitación del procedimiento ordinario.

  1. Se establece el carácter preferente y se tramitará con carácter urgente el procedimiento por despido y de extinción del contrato por falta de pago y retrasos continuados en el abono del salario pactado cuando el trabajador manifieste que la empresa no ha tramitado su baja en la SS. En ambos supuestos, el acto de la vista debe señalarse dentro de los 5 días siguientes al de la admisión de la demanda y la sentencia se dictará en el plazo de 5 días. (LRJS art.103).
  2. Contra el decreto resolutivo de la reposición cabrá recurso de revisión. También cabrá recurso directo de revisión contra los decretos que pongan fin al procedimiento o impidan su continuación (LRJS art.188).
  3. Se regula la posibilidad de que las partes soliciten de mutuo acuerdo la suspensión de la ejecución durante un plazo máximo de 15 días para someter las discrepancias que pudieran plantearse a procedimientos de mediación. El acuerdo que en su caso se alcance debe ser homologado judicialmente en la forma y con los efectos previstos para la transacción (LRJS art.246). De no ser así, se levantará la suspensión y se continuará con la tramitación (LRJSS art.244).
  4. Se regula la posibilidad de que, en fase de ejecución de sentencia, los efectos de una sentencia firme pueden extenderse a otras personas cuando concurran las siguientes circunstancias (LRJS art.247 bis):

– que los interesados estén en la misma situación jurídica que los favorecidos por el fallo;

– que el juez, la jueza o el tribunal sea competente por razón del territorio para conocer de las pretensiones;

– que los interesados lo soliciten por escrito y de forma razonada al órgano que hubiera dictado la resolución cuyos efectos se pretende que se extiendan en el plazo de un año desde la última notificación de ésta a quienes fueron parte en el proceso.

Antes de dictarse la resolución, se dará traslado a la parte condenada en la sentencia y a los posibles responsables subsidiarios para que en el plazo máximo de 15 días puedan efectuar alegaciones y aportar los antecedentes que estimen oportunos.

Las sentencias de instancia susceptibles de extensión de efectos son, en todo caso, recurribles en suplicación (LRJS art.191).

La norma entra en vigor, con carácter general, el 21-12-2023, día siguiente a su publicación en el BOE, sin bien las modificaciones de la LRJS entran en vigor el 20-3-2024 y se aplicarán a los procedimientos que se inicien con posterioridad a esta fecha.

NOTA. La norma contiene un ANEXO de definiciones donde se recogen términos como certificado de firma electrónica, dispositivo o dirección electrónica, interoperabilidad, punto de acceso electrónico, sello electrónico o trazabilidad

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Fuente: Lefebvre