El TSJ País Vasco ha declarado improcedente el despido de una trabajadora que, siguiendo las órdenes de sus superiores jerárquicos, modificó una factura para justificar un gasto mayor del que realmente tuvo lugar por los servicios contratados, sin obtener por ello beneficio personal alguno. Su silencio o la falta de comunicación de esta orden a otras instancias no puede considerarse como connivencia de la trabajadora en la comisión del hecho.

Falseamiento de facturas como causa de despido

Desde el 30-5-2013, la demandante viene prestando servicios para la empresa de mantenimiento de edificios demandada como técnico de diseño.

En octubre de 2022, la empresa recibe un oficio de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Dirección General de la Policía por irregularidades en la subcontratación de un servicio de mudanza a una empresa especializada. Esta remitió una factura por importe de 660 euros. Sin embargo, la empresa contratista giró al cliente una factura por importe de 1.254 euros. El 21-12-2022 la empresa comunica su despido a la demandante a la que imputa una transgresión grave y culpable de la buena fe contractual, así como un quebrantamiento del Código de Conducta existente en el Grupo, al contribuir y facilitar que se presentara al cliente una factura manipulada como justificación de un gasto mayor del que realmente tuvo lugar por los servicios de mudanza contratados.

Impugnado el despido en sede judicial, la sentencia de instancia declara su procedencia, considerando probado que la demandante modificó la factura, asumiendo que lo hizo así por indicación de sus superiores, pero sin cuestionar ese proceder ni notificar esa orden a otras instancias. Esta resolución es recurrida en suplicación.

El TSJ País Vasco estima el recurso y declara la improcedencia del cese en base a las circunstancias concurrentes. Considera que, aunque es cierto que la presentación de la factura inflada ha provocado, incluso, el inicio de actuaciones penales, se ha descartado totalmente que la demandante actuase por iniciativa y voluntad propias, sino que lo hizo a requerimiento de su superior jerárquico y con el visto bueno del delegado de zona.

Además, no consta acreditado que obtuviese ganancia o favor alguno por ello, no habiéndose comprobado las razones por las que guardó silencio y no comunicó dicha orden irregular a otros superiores, que es lo que verdaderamente se imputa a la demandante.

Por tanto, la Sala concluye que no cabe reprocharle una supuesta connivencia en atención a su silencio o falta de comunicación tras la orden empresarial de alterar la factura que justifique el despido, por lo que declara el mismo improcedente.

 

Más información relacionada

Síguenos en LinkedIn


Fuente: Lefebvre