El TSJ Madrid declara que, en cuanto la inscripción y registro de los planes de igualdad es un procedimiento administrativo, rige la obligación de resolver expresamente, por lo que transcurrido el plazo de 3 meses sin haber dictado resolución expresa, la Autoridad laboral competente debe inscribir y registrar el plan por silencio administrativo positivo.

Aprobación por silencio positivo

La empresa que contaba con un plan de igualdad anterior a la entrada en vigor del RD 902/2022, regulador de los planes de igualdad y su registro, procede, conjuntamente con la parte social, a adaptarlo a la nueva regulación. El 1-7-2021 solicita su inscripción en el registro de convenios colectivos y planes de igualdad de la Dirección General de Trabajo del MTES. Esta Dirección General requiere a la empresa para que subsane los defectos encontrados en respectivas resoluciones de 6-7-2021 y de 18-8-2021, que presenta su último escrito de alegaciones el 8-9-2021, sin recibir respuesta de la Administración desde esa fecha.

En consecuencia, el 22-10-2021 la empresa solicita al órgano administrativo superior que expida un certificado del silencio administrativo estimatorio, al haber transcurrido más de 3 meses sin haber recaído resolución expresa. El 29-10-2021 dicho órgano administrativo dicta resolución denegando la inscripción del plan. Disconforme, la empresa presenta recurso de alzada y al ser desestimado, interpone demanda de impugnación de actos administrativos.

La cuestión que se plantea consiste en determinar si, transcurrido el plazo de 3 meses sin haber recaído resolución expresa sobre la inscripción de un plan de igualdad, debe procederse a su inscripción por silencio administrativo positivo.

El TSJ recuerda que la LPAC art.24.1 regula el silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado estableciendo la obligación de dictar resolución expresa. Por ello, transcurrido el plazo máximo para resolver, los interesados están legitimados para entender estimada la solicitud por silencio administrativo positivo. Esta regla tiene como excepción los supuestos en los que una norma establezca lo contrario. Asimismo, la LPAC señala cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen plazo alguno este será de 3 meses que, en caso de procedimientos iniciados a solicitud del interesado, se computarán desde la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación.

En el supuesto enjuiciado la solicitud tuvo entrada en el registro el 1-7-2021 y el plazo de 3 meses fue suspendido por los dos requerimientos de subsanación de defectos (de 6-7-2021 y de 18-7-2021), habiendo presentado la actora escritos de alegaciones, respectivamente los días 20-7-2021 y de 8-9-2021. Por tanto, el cómputo del nuevo plazo de 3 meses para resolver debe entenderse finalizado el 8-12-2021 sin haber recaído resolución expresa. Aunque la administración demandada considera que se trata de un supuesto excepcionado de un silencio administrativo por entender que con los Planes de Igualdad se transfieren al solicitante facultades relativas al servicio público (LO 3/2007 art.45 y 46), el TSJ entiende que de esta regulación no se extrae la atribución de facultades de estas facultades a las empresas que han de elaborarlo e implantarlo.

Por tanto, el TSJ concluye que operó el silencio administrativo positivo por el transcurso del plazo de tres meses sin resolución expresa. Por otra parte, señala que la resolución desestimatoria de 29-12-2022 carece de relevancia ya que la LPAC establece que en los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. Por tanto, al ser desestimatoria es contra legem, por lo que concluye que operó el silencio administrativo positivo.

Por todo ello, se estima la demanda, declarando no conforme a Derecho la resolución impugnada que se deja sin efecto, al haber operado el silencio administrativo positivo.

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Fuente: Lefebvre