Se condena al administrador único al pago solidario de una deuda social, en ejercicio de la acción individual de responsabilidad por daños basada en el cierre de hecho de la sociedad (esto es, sin seguir una disolución y liquidación ordenada) y en la falta de depósito de cuentas, lo que impidió al acreedor demandante conocer si, al tiempo del cierre de la sociedad, disponía de activos con los que podía haber pagado la deuda reclamada, al menos en parte. Esta opacidad contable contribuye a determinar la responsabilidad del administrador.

Cierre de hecho y acción individual de responsabilidad del administrador

Se estima la acción individual de responsabilidad ejercitada contra el administrador único de la sociedad deudora, condenándole el pago solidario de una deuda social, fundada en dos circunstancias:

– el cierre de hecho de la sociedad; y

– la falta de depósito de cuentas.

Señala la Audiencia Provincial que, para poder estimar una acción individual basada en el impago de la deuda y el cierre de hecho de la sociedad, es preciso que el acreedor haga, cuando menos, un mínimo esfuerzo argumentativo del que se infiera que, de haberse liquidado la sociedad deudora de forma ordenada, el acreedor podría haber cobrado total o parcialmente su crédito, para lo cual, con carácter general, atendida la jurisprudencia, si se dispone de unas cuentas anuales previas el cierre de hecho, donde aparezcan algunos activos, bastará con que el actor razone en la demanda que la realización de esos activos, ya dentro de un concurso de acreedores, ya en un proceso de liquidación societaria, le habría permitido cobrar el crédito.

Sin embargo, en este caso no se dispone de cuentas anuales, dado que la sociedad no las ha depositado en ningún momento. Si bien la falta de presentación de las cuentas anuales no es más que un indicio del «cierre de hecho», sin sustantividad por sí mismo para fundar la condena al administrador, resulta que el incumplimiento por el administrador de su obligación de formular las cuentas anuales, someterlas a la censura de la junta y proceder a su depósito en el Registro Mercantil impide constatar la existencia de activos cuya liquidación ordenada (societaria o concursal) hubiera permitido pagar el crédito reclamado, siquiera parcialmente.

A juicio de la Audiencia, este incumplimiento por el administrador de sus obligaciones contables no puede redundar en su provecho, pues no se puede hacer de mejor condición al administrador que incumple sus obligaciones que al que cumple. Por tanto, no existiendo cuentas anuales presentadas, bastará, a efectos de colmar el esfuerzo argumentativo que ha de realizar el acreedor, con razonar que existe una opacidad contable que impide conocer los activos existentes.

De este modo, a falta de cuentas anuales, ha de operar una suerte de inversión de la carga de la prueba, de manera que, a falta de prueba de descargo por el administrador, se presume la existencia de relación de causalidad entre el cierre de hecho de la sociedad y el impago de la deuda reclamada.

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Fuente: Lefebvre