La actora ha venido prestando servicios como empleada de hogar hasta su despido el 4-8-2022. Hasta dicha fecha, había cotizado un total de 2.361 días en el Régimen Especial de Empleados de Hogar y 2 días al Régimen General de la Seguridad Social. El 7-9-2022 solicita el subsidio por desempleo que es denegado por la entidad gestora al considerar que el hecho causante de la prestación era anterior al 9-9-2022, fecha de entrada en vigor del RDL 16/2022 que reconoció el derecho de los empleados de hogar a la protección por desempleo, y no acreditar cotizaciones suficientes en el RGSS.

Frente a esta resolución se interpone reclamación previa y posterior demanda judicial en reclamación de desempleo contributivo, ambas desestimadas. La trabajadora interpone entonces recurso de suplicación.

El TSJ Galicia que conoce del asunto estima el recurso al considerar que la normativa española vigente en el momento del hecho causante (LGSS art.251.d), que excluía a los empleados de hogar del acceso al subsidio por desempleo, era contraria al principio de igualdad recogido en el art.4.1 de la Dir 79/7/CEE. Suponía una discriminación indirecta por razón de sexo en el acceso a las prestaciones de Seguridad Social, al tratarse, el de los empleados de hogar, de un colectivo mayoritariamente formado por mujeres, tal y como había declarado la sentencia del TJUE 24-2-22, asunto C-389/20, cuya fundamentación jurídica reitera ahora el TSJ Galicia.

En este sentido, la Sala recuerda que el RDL 16/2022 ha venido a solucionar el problema al reconocer el derecho a las prestaciones para los hechos causantes ocurridos con posterioridad al 9-9-2022, fecha de su entrada en vigor. Pero nada establece respecto a las situaciones acaecidas con anterioridad que, por tanto, quedan desamparadas.

El TSJ considera que la aplicación de la perspectiva de género en la interpretación de la normativa y la obligación de cumplir los mandatos que derivan la jurisprudencia del TJUE obligan a la Sala a amparar a los empleados de hogar que perdieron su empleo antes de la entrada en vigor del nuevo régimen. Considera que el legislador no ha cumplido debidamente lo establecido en la sentencia del TJUE 24-2-22, asunto C-389/20, al no establecer un régimen transitorio ni, mucho menos, una extensión directa.

Por todo ello, estima el recurso y reconoce el derecho de la actora a percibir las prestaciones reclamadas, pese a que no ha cotizado por ellas debido a la imposibilidad legal.

NOTA. El fallo de la sentencia declara el derecho de la actora a percibir las prestaciones de desempleo contributivo en la cuantía y duración que correspondan condenando al SEPE a su abono.

La sentencia es recurrible en casación para unificación de doctrina

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Fuente: Lefebvre