La DGTr ha dictado un criterio en el que aclara que las medidas temporales de suspensión de contratos de trabajo o reducción de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad ocasionadas por el COVID-19 tienen la consideración de derivadas de fuerza mayor, así como las especialidades para la tramitación del procedimiento, aplicables a los expedientes iniciados o comunicados con posterioridad al 18-3-2020.

Criterios de la Dirección General de Trabajo

La Dirección General de Trabajo ha dictado un criterio en el que recuerda la posibilidad de las empresas de acudir a medidas temporales de suspensión de contratos o reducción de jornada, con exoneración de las obligaciones recíprocas de trabajar y abonar salarios en los siguientes supuestos:

1) Por fuerza mayor cuando tengan su causa directa en pérdidas de actividad ocasionadas por el COVID-19 y, concretamente, las debidas a las siguientes situaciones:

a) La declaración del estado de alarma. La empresa deberá acreditar que la imposibilidad de seguir prestando servicios, total o parcialmente, está causada por las distintas medidas de contención.

A estos efectos, se consideran afectadas por fuerza mayor las actividades desarrolladas en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas y actividades de hostelería y restauración y otras adicionales que se detallan en el art.10 y el Anexo del RD 463/2020.

b) Decisiones adoptadas por las autoridades competentes de las AAPP vinculadas con el Covid-19.

c) Situaciones urgentes y extraordinarias provocadas por el contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo, debidamente acreditadas.

d) Suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas o mercancías.

e) Falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo de la actividad consecuencia directa del Covid-19.

Los efectos de de estas medidas se extenderán durante el tiempo y en las condiciones en que permanezca vigente el estado de alarma declarado por el Gobierno o mientras persistan las circunstancias graves y extraordinarias constitutivas de la fuerza mayor.

La adopción de estas medidas requiere la previa autorización de la autoridad laboral competente, a quien corresponde constatar la existencia de la fuerza mayor.

En todo caso, las empresas que soliciten la autorización deben comprometerse a mantener el empleo durante los 6 meses siguientes a la reanudación de la actividad.

Las medidas deben aplicarse de forma proporcional al volumen de actividad paralizada y solo pueden afectar a trabajadores cuyos contratos de trabajo estén directamente vinculados con la pérdida de actividad. En caso de subcontratación, únicamente pueden afectar a trabajadores adscritos de manera permanente o habitual en los servicios o centros de trabajo de la empresa principal, y sólo en la medida en que se acredite una alteración de lo establecido en la contrata.

2) Fundadas, con carácter general, en causas en causas económicas o por causas productivas, organizativas o técnicas, derivadas de las necesidades de ajuste de plantilla por un descenso de la carga de trabajo y derivadas de manera directa en el Covid-19, cuando no fuese posible la adopción de otras medidas de ajuste alternativo o, adoptadas las mismas, no fuesen suficientes.

Estas medidas tramitarán  conforme al procedimiento establecido con carácter general con las especialidades previstas en el RDL 8/2020 art.23.

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