Una sociedad de responsabilidad limitada celebra una junta general en 2015 para renovar los auditores, fijar la retribución del administrador y aprobar el sueldo percibido por la directora general durante el ejercicio y los tres anteriores.

Dos socios impugnan el acuerdo por infracción del derecho de información de los socios y lesión del interés social.

El JM estimó la impugnación de la fijación de la retribución y la aprobación del sueldo percibido en los ejercicios previos por infracción del derecho de información.

Todas las partes recurren en apelación y la AP considera que la junta no podía fijar la retribución pues la L 31/2014 disp.transitoria establece que se debían acordar en la primera junta general que se celebrara en 2015 y sin embargo se aprobó en la segunda.

En cuanto a la aprobación del sueldo percibido por la directora general en el ejercicio y los tres anteriores, la AN anula el acuerdo al estimar que existe un conflicto de interés entre la directora general como socia y habría que deducir sus participaciones para el cómputo de la mayoría y además suponía un gran incremento respecto al que se venía percibiendo por lo que se necesitaba un acuerdo de la junta autorizándolo.

La sociedad recurre en casación y el TS admite que la L 31/2014 disp.transitoria dispone que la retribución anual debe acordarse en la primera junta general que se celebre. Pero tanto la fijación inicial como las eventuales modificaciones no necesariamente han de realizarse con antelación al comienzo del ejercicio al que se pretenda aplicar. También se acomoda a la finalidad del precepto que esta aprobación se haga, como es el caso, muy avanzado el ejercicio económico, pues lo relevante es que la junta preste su autorización o conformidad durante ese ejercicio y por esa razón el acuerdo debe considerarse válido.

En cuanto al sueldo percibido por la directora general en el ejercicio y los tres anteriores, la LSC art.190.1.c prescribe que el socio no puede ejercitar el derecho a voto cuando se trate de librarle de una obligación o concederle un derecho, pero esto solo es aplicable en los actos unilaterales de la sociedad, pero no en una relación bilateral entre socio y sociedad de la que surten recíprocos derechos y obligaciones.

No obstante, en los conflictos de interés distintos a los previstos, el voto del socio haya sido decisivo para la adopción del acuerdo, en caso de impugnación, la sociedad y socio afectado deben probar la conformidad del acuerdo con el interés social (LSC art.190.3).

En este caso no se ha justificado la razonabilidad del acuerdo y el incremento del sueldo favorece de forma desproporcionada a quien controla la mayoría de la sociedad en detrimento de la minoría.


Fuente: Lefebvre

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