El Tribunal Supremo se pronuncia sobre si la cláusula de un contrato de prestación de servicios, que contempla la posibilidad de prórrogas sucesivas sin límite temporal, puede ser interpretada en el sentido de que excluya la facultad de libre desistimiento reconocida jurisprudencialmente en los contratos de duración indefinida.

Derecho de desistimiento de un contrato sin duración determinada

Una aseguradora y una sociedad de ingeniería suscribieron un contrato de arrendamiento de servicios para la prestación de servicios de peritaje y tasación de seguros por la segunda. En la cláusula destinada a la duración, se pactó que esta sería de 5 años, prorrogándose tácitamente por el mismo periodo de no mediar, 2 meses antes de cada vencimiento, denuncia de la aseguradora por incumplimiento de la sociedad de ingeniería. Diez años más tarde, la aseguradora comunicó a la otra parte, con casi 3 meses de antelación, su decisión de resolver el contrato.

La sociedad de ingeniería demandó solicitando una indemnización de 210.354 euros, por resolución anticipada del contrato sin causa, y otra de más de un millón de euros, por incumplimiento de contrato, por no haberle encargado durante la vigencia del contrato los peritajes comprometidos.

El Juzgado de Primera Instancia de Barcelona estimó la demanda y condenó a la aseguradora a indemnizar a la demandante, entendiendo que la resolución contractual no se ajustó a derecho; estando pactada una duración concreta con prórroga forzosa, la única posibilidad de poner fin al contrato era denunciando a la demandante.

La Audiencia Provincial de Barcelona, sin embargo, opinó lo contrario y estimó el recurso de apelación interpuesto por la aseguradora, ya que entendió que la demandada no tenía que pagar indemnización alguna; el contrato se trataba de una relación de duración indefinida en la que, de acuerdo con la jurisprudencia, es posible el desistimiento sin causa y solo procede pagar una indemnización por los daños causados cuando la conducta de quien pone fin a la relación es abusiva o contraria al principio de la buena fe, lo que en el caso no se daba.

La Ingeniera interpuso recurso de casación, denunciando la infracción del art.1281 del Código Civil, que establece que en los contratos ha de estarse a la interpretación literal de sus cláusulas cuando la claridad de los términos empleados revele la voluntad común de las partes.

El Tribunal Supremo comienza recordando que la interpretación del contrato y sus cláusulas es una labor propia de los tribunales de instancia, y que ha de prevalecer su interpretación salvo cuando se demuestre su carácter manifiestamente ilógico, irracional o arbitrario o vulnere alguna de las normas sobre interpretación de los contratos.

Analizando las alegaciones de la recurrente, responde que su interpretación no resulta del tenor literal del contrato y que llega a un resultado que desplaza la consolidada doctrina jurisprudencial que reconoce un principio general conforme al cual cada contratante tiene la facultad de poner fin libremente a una relación obligacional cuando no se haya acordado una duración determinada.

Deducir que la cláusula comporta un contrato de duración indefinida, al que solo se puede poner fin por su incumplimiento, supondría afirmar la existencia de una relación obligacional perpetua entre las partes, lo que no es admisible en nuestro sistema jurídico.

Para el Supremo resultan ajustadas las valoraciones realizadas por la Audiencia Provincial, puesto que debe descartarse una interpretación del contrato que elimine la libre facultad de desistimiento de la demandada y, puesto que el contrato no fijó el derecho a percibir una suma en caso de no renovación, la única razón que daría lugar a una indemnización a favor de la demandante, sería la acreditación de daños por la forma y las circunstancias en las que se produjo el desistimiento, y ya que no se han identificado esos daños, el Supremo desestima su recurso interpuesto.

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