El pasado viernes 13 de marzo se publicaron en el BOE las medidas que Presidencia del Gobierno anunció el día anterior (Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19). Todas ellas entraron en vigor el mismo viernes. Dentro de estas medidas se encuentra el aplazamiento de deudas tributarias y sus especificidades y condiciones las comentamos a continuación.

Ámbito temporal de aplicación:

Sólo afecta a las deudas tributarias de las autoliquidaciones cuyo plazo de presentación finalice desde el viernes 13 de marzo hasta el 30 de mayo. Es decir, afecta a las liquidaciones de impuestos de los meses de febrero y marzo y del primer trimestre, que se presentan en los meses de marzo y abril. También afecta a las declaraciones mensuales del mes de abril que se presentan en el mes de mayo. 

Ámbito subjetivo de aplicación:

Quedan excluidas de este aplazamiento las Grandes Empresas, es decir, aquellas empresas que en el año natural anterior han facturado más de 6 millones de euros.

Condiciones del aplazamiento:

El plazo del aplazamiento es de 6 meses, pero, sin embargo, los tres últimos meses devengan intereses (al tipo de interés legal de demora que en 2020 está en el 3,750%). Es decir, funciona como un aplazamiento con carencia (sin intereses) durante los tres primeros meses, y con coste financiero, al 3,750% anual, para los tres segundos. Por la redacción literal de la norma, parece claro que son condiciones fijas, es decir, que no se podrá por ejemplo pedir un aplazamiento de sólo tres meses.

Especificidades:

Las solicitudes de aplazamiento realizadas en virtud de este real decreto-ley NO quedan exoneradas de prestar garantías, principalmente aval bancario, si la deuda que se aplaza, más las anteriores que ya estuvieran aplazadas o estén en vía de apremio, superan todas ellas la cuantía de 30.000 euros. Por tanto, si el importe a aplazar supera los 30.000 euros se denegará si no se presenta aval bancario. Si la deuda es inferior, pero el solicitante tiene ya aplazadas otras deudas, o deudas en procedimiento ejecutivo, y el importe sumado de todo es mayor que 30.000 euros, también se exigirá aval o el aplazamiento también se denegará. Si se va a pedir aplazamiento de varios impuestos, por ejemplo, IVA e IRPF, lo mismo, si sumados superan 30.000 euros, pedirán aval o nada de aplazar. La norma exonera de aval cuando a pesar de superar estos 30.000 euros, el contribuyente “no disponga bienes suficientes para garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva”.

Por último, este aplazamiento SÍ incluye a las deudas por retenciones practicadas (Modelos 111, 115, 123, 216, entre los más utilizados por nosotros), por impuestos repercutidos (principalmente el IVA del modelo 303) y los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades (Modelos 202 y 222). Es importante esta matización, porque la LGT excluye estos modelos entre los aplazables, salvo que se autorice, como sucede en este caso.

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