La inteligencia artificial está ya plenamente integrada en la operativa diaria de las empresas españolas. Según datos del INE, el 21,1 % de las empresas de más de 10 trabajadores utilizan sistemas de IA en su actividad habitual. Sin embargo, una parte muy relevante de estas organizaciones desconoce todavía las exigencias legales derivadas de la nueva normativa europea en materia de inteligencia artificial.

España se encuentra en la recta final para la plena aplicación del Reglamento (UE) 2024/1689, conocido como Reglamento de Inteligencia Artificial, que se desarrolla a nivel nacional a través de la Ley para el Buen Uso y la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, bajo la supervisión de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA).

Para las pymes, 2025 y 2026 suponen un punto de inflexión: se pasa de una fase de mera experimentación tecnológica a una obligación efectiva de cumplimiento normativo, con un régimen sancionador que puede alcanzar hasta 35 millones de euros.

Claves de cumplimiento de la Ley de IA para pymes

La normativa no exige a las pequeñas y medianas empresas convertirse en desarrolladoras de inteligencia artificial, pero sí les impone una serie de obligaciones mínimas de diligencia, control y uso responsable. Entre las principales pautas de cumplimiento destacan las siguientes:

1. Inventario de herramientas de IA

La primera medida de control consiste en identificar y registrar todas las herramientas de IA utilizadas por la empresa, desde asistentes de redacción y chatbots hasta sistemas de análisis de datos o evaluación automatizada.
Este inventario debe recoger la finalidad de cada herramienta y el nivel de riesgo asociado, constituyendo la base de la transparencia exigida por la Ley.

2. Documentación técnica de los proveedores de IA

La mayoría de las pymes no desarrollan sistemas propios, sino que utilizan soluciones de terceros. En estos casos, los proveedores deben facilitar documentación técnica, instrucciones de uso y garantías de cumplimiento normativo.
La empresa usuaria tiene la obligación de exigir y conservar esta información para acreditar que el uso de la herramienta es seguro y conforme a Derecho.

3. Formación de los trabajadores en el uso de la IA

La normativa introduce el concepto de “alfabetización en inteligencia artificial”. No basta con implantar un software: la plantilla debe recibir formación adecuada sobre su funcionamiento, sus límites y los posibles sesgos.
La empresa debe asegurar que el uso de la IA se realiza conforme a las instrucciones del proveedor y minimizando riesgos legales, éticos y operativos.

4. Revisión humana en usos críticos

El Reglamento clasifica los sistemas de IA en función de su riesgo. En los usos de Alto Riesgo se prohíbe la automatización total, exigiendo siempre supervisión humana efectiva.
Se consideran de alto riesgo, entre otros, los sistemas utilizados en:

  • selección y cribado de personal;

  • evaluación del rendimiento laboral;

  • calificación crediticia y análisis de solvencia;

  • puntuación educativa;

  • gestión de infraestructuras críticas (agua, gas, electricidad).

5. Prohibición de sistemas de IA de riesgo inaceptable

El uso de determinados sistemas está absolutamente prohibido en la Unión Europea, como la categorización biométrica basada en creencias, la puntuación social o determinadas formas de reconocimiento facial.
Estos usos se consideran atentatorios contra los derechos fundamentales y conllevan las sanciones más severas del régimen sancionador.

6. Régimen sancionador específico y proporcional para pymes

El Reglamento prevé multas de entre 7,5 y 35 millones de euros, o hasta el 7 % de la facturación global anual.
No obstante, la normativa establece un principio de proporcionalidad reforzada para pymes y startups, de modo que se aplicará siempre la cuantía menor, evitando comprometer la viabilidad del negocio.

Entrada en vigor plena del régimen sancionador

En agosto de 2026 entrará en aplicación plena el régimen de sanciones y las obligaciones de transparencia para la mayoría de los sistemas de IA.
Los próximos meses resultan, por tanto, determinantes para que las empresas españolas adapten su operativa, revisen sus herramientas tecnológicas y establezcan mecanismos internos de cumplimiento, evitando riesgos legales y económicos de gran magnitud.